En desacuerdo con la propuesta lopezobradorista de establecer una Guardia Nacional, formada principalmente por efectivos del Ejército para las labores de seguridad pública en México, analistas consultados por Proceso advierten: Como resultado de ese plan habrá un empoderamiento militar con una visión castrense a ultranza y en el que sólo va a funcionar la discrecionalidad del presidente de la República, como ocurrió en “las dictaduras latinoamericanas”.

CDMX.- La transformación que busca el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad pública es radical: eliminar el carácter civil que históricamente ha tenido ésta en el ámbito federal en México, entregarla al Ejército y que esté bajo el mando directo del presidente.

Su propuesta de crear una Guardia Nacional castrense mediante reformas a la Constitución pasa por encima de toda argumentación de la Suprema Corte, supera las fallidas intenciones de sus antecesores de justificar la participación de militares en esas tareas, y es contraria a las observaciones internacionales hechas a México desde hace dos décadas.

Especialistas en derecho constitucional y seguridad consultados por Proceso aseguran que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, dado a conocer por el presidente electo el miércoles 14, entraña la renuncia al carácter civil de la seguridad pública y la eliminación de los contrapesos constitucionales a las Fuerzas Armadas.

Ante la extendida e incesante crítica a la propuesta, Alejandro Gertz Manero, extitular de la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP) federal y uno de los autores del plan, rechaza que se esté pavimentando el camino hacia la militarización: “Absolutamente no. Primero, porque las circunstancias no lo permiten y el país no está para esas experiencias. Sólo se van a utilizar las unidades de las Fuerzas Armadas que están preparadas para labores policiales y protección de la comunidad, que son la Policía Militar y la Policía Naval”, dice en entrevista el viernes 16.

Primer titular de la SSP que existió durante los gobiernos panistas, Gertz asegura que los militares que ahora están desplegados en tareas de combate al narcotráfico “regresarán a sus cuarteles en cuanto tengamos la estructura legal de la Guardia Nacional”, un cuerpo armado “que fue concebido el siglo pasado de manera semejante a la de Estados Unidos, pero eso en estos tiempos ya no funciona en México”.

Por otra parte, la Guardia Nacional integrada por militares es contraria al espíritu de la Constitución, que la define como un cuerpo civil, organizada por el Senado, bajo la responsabilidad de los gobernadores y con la facultad del presidente de la República de disponer de ella, pero con la autorización de los senadores, explica el tratadista en derecho constitucional Elisur Arteaga.

“El proyecto de seguridad significa el rompimiento del esquema civilista establecido en la Constitución”, dice.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaba por desechar la Ley de Seguridad Interior impulsada por el actual gobierno, con los argumentos de que la Constitución acota a las Fuerzas Armadas para tareas de defensa nacional y que el Congreso no está facultado para legislar en seguridad interior, el presidente electo superó la discusión al proponer la creación de la Guardia Nacional militar mediante reformas constitucionales en el Congreso, donde está en condiciones de obtener la mayoría calificada.

Fue la manera de resolver “el vacío legal” sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de policía, aseguró Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al presentar el plan de ocho puntos del próximo gobierno.·